"El proyecto presentado por la Coalición Cívica - ARI, ofende profundamente a las y los fueguinos", reclamó Colazo.
María Laura Colazo, sostuvo que la defensa de la Ley nacional N° 19.640, "es central y hace a la matriz productiva" de Río Grande, como lo es el turismo en Ushuaia.
La titular de la bancada, María Laura Colazo, recordó que los intentos se suceden "constantemente" en Tierra del Fuego y consideró que el proyecto presentado por la Coalición Cívica – ARI, "ofende profundamente a las y los fueguinos. Ofende la soberanía que estamos construyendo día a día y genera mucha angustia en la población", señaló en su intervención del lunes pasado.
Detalló que el proyecto de Ley presentado en el Congreso, generó incertidumbre en la economía de quienes "viven de manera indirecta de la industria fueguina" y citó almaceneros, pequeños comerciantes de barrio y puntualizó a Río Grande, la capital económica de la Provincia. "Es central y hace a la matriz productiva" de la ciudad norte, como lo es el turismo en Ushuaia.
Recordó que en Tierra del Fuego, el subrégimen industrial genera cerca de 17 mil puestos de trabajo "y muchos más de manera indirecta". Asi, coincidió con otros Legisladores, al recordar que la Ley nacional "ha sido una política de Estado, porque es sostenida y defendida por todos los Gobiernos y los distintos niveles institucionales: "Nos une como fueguinos y fueguinas y nos une la defensa y reafirmación de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas y el Atlántico Sur". En este sentido, consideró que la industria fueguina es "soberanía", motivo por el que debe ser atendida.
Invitó a los Legisladores nacionales que han presentado la iniciativa, que visiten Tierra del fuego y se anoticien de "su realidad, y luego que cumplan con la Ley nacional N° 27.671 sobre capacitación permanente en cuestiones de geopolítica del Atlántico Sur, para que puedan tener esa mirada" y comprendan esta coyuntura. En este sentido, cabe recordar que el asunto N° 349/22, proyecto de Ley que propone la adhesión a la norma nacional y la capacitación obligatoria, periódica y permanente en la cuestión de las Islas Malvinas.
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