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Uber en la provincia

“Habrá que incrementar los controles hasta tanto se pueda hacer una normativa al respecto”

El legislador provincial por FORJA, Federico Greve, habló sobre la reunión que mantuvieron con trabajadores del volante para evaluar la posibilidad de crear una Ley que prohíba la actividad de aplicaciones como Uber en la provincia.

viernes 07 de julio de 2023
“Habrá que incrementar los controles hasta tanto se pueda hacer una normativa al respecto”

En declaraciones a Radio Nacional Ushuaia, Greve evaluó que “fue una reunión fructífera, cada uno pudo expresar su postura. También participaron los guías de turismo que reclamaron por estas plataformas y los titulares del volante que ejercen la función sin la acreditación debida”.

 

Y aclaró que “no hay dudas sobre la jurisdicción, porque la Constitución reserva esta función a los municipios, máxime cuando hay una Carta Orgánica. Al servicio de transporte urbano lo maneja la Municipalidad”.

 

En esta línea, explicó que “lo que plantean los trabajadores del volante es que hay transportes fuera del ejido urbano y ejercen esta función, por lo que pretenden que la Provincia haga una normativa similar a la que ya existe”.

 

“La prohibición no impidió que estas empresas se puedan instalar ¿cuál sería el beneficio de una normativa que prohíba a nivel provincial?”, agregó.

 

Greve expuso que “uno no quiere precarizar el trabajo y desregularizar el servicio. Lo importante es sacar una normativa que tenga un cumplimiento efectivo. En distintas latitudes hay normativas que lo prohíben, como Córdoba y Mar del Plata. En Mendoza hicieron una normativa muy restrictiva”.

 

No obstante, afirmó que “si vamos a sacar una Ley, lo mínimo que hay que garantizar es que sea efectiva. Porque es muy fácil decir que sí, demagógicamente, y que después no haya control y nada”.

 

El legislador explicó cómo fue el reclamo de Uber en la Justicia y narró: “El Estado debe regular y controlar el transporte público de pasajeros. Como son transporte privado, dijeron que el Estado no debía meterse y la Justicia les dio la razón. Si quieren regularlo, deben declararlo de interés público y controlarlo”.

 

Si me tomo el tiempo de dejar el servicio bien regulado, puedo establecer que al Estado no le interesa que haya una actividad entre privados sin regulación estatal. Porque a nosotros nos interesa que no sean regulados por el mercado. Tiene que ser algo serio, mancomunado entre las localidades con el Gobierno de la Provincia”, precisó.  

 

También habló sobre la deficiencia de los servicios de taxis y remises y contó que “ahora en Río Grande y Ushuaia están en un estudio por la gran cantidad de unidades. Nosotros recibimos reclamos de la sociedad en su conjunto y la demanda es notoria. Existieron estos reclamos, igual que con la precarización de los choferes que no están en blanco. Hay todo un esfuerzo concatenado que surgió en la mesa”.

 

Lo mismo con los guías turísticos, que tienen que hacer certificaciones en los tres Estados y son los que transportan a los turistas. Pero reclamaron por estas plataformas y por los titulares del volante que ejercen la función sin la acreditación debida”, dijo.

 

Consultado por el dictamen favorable al proyecto de adhesión a la Ley Lucio, Greve precisó que “busca capacitar en el trato de los menores, en situaciones muy delicadas y alcanzará a todos los empleados del Estado, en estas situaciones. Cada agente tendrá que tener la formación necesaria para afrontar situaciones de este tipo y obrar de forma adecuada, sin revictimizar”.

 

En cuanto al debate por el cobro del impuesto inmobiliario, el Legislador entendió que “el ámbito de discusión es el que se generó ayer, en reuniones con Ejecutivos para ver cómo se lleva adelante. De ninguna manera hay intenciones de perjudicar las arcas de los municipios. Es una situación que en términos técnicos-jurídicos está resuelta”.

 

Finalmente, dijo que ve “difícil la derogación de la Ley. Si me dijeras que hay un acuerdo marco, que se vaya a homologar con los Municipios, bueno, habría fortaleza jurídica. Sin un tema de este tipo, sería meter a la Legislatura en un conflicto que deben resolver los Ejecutivos”.

 

“Uno siempre tiene que ir a la seguridad jurídica. Nosotros tenemos bien en claro cómo es el tema. El impuesto inmobiliario que se plantea es que lo que cobran los municipios queda como está, y que el remanente que vaya incrementando, el 60% sería para ellos y el 40% para la Provincia. Hubo un recálculo que todavía no se hizo y que no se podría hacer hasta que esté la base de cálculo”, cerró. 

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