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Radar británico

“El Gobierno de la provincia nunca aprobó el monitoreo de espacio aéreo”

Por Radio Nacional Ushuaia, el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Andrés Dachary, habló sobre la polémica suscitada tras la instalación de un radar perteneciente a una empresa perteneciente al Reino Unido.

jueves 13 de julio de 2023
“El Gobierno de la provincia nunca aprobó el monitoreo de espacio aéreo”

En esta línea, Dachary explicó que la Provincia no participó del proceso de aprobación y que “lo que se vio fue la radicación de una empresa que estaba validada por el organismo competente, para el cumplimiento de uno de los objetivos de política exterior de Argentina: la radicación de empresas en el país. Todo el camino institucional con todos los organismos estaba de acuerdo y había sido celebrado”.

 

“No hay un documento oficial que ponga una palabra al respecto. Incluso hubo una auditoría y dijeron ‘está todo bien’. No sé si en términos valorativos, pero al menos no se han apartado de la letra del proyecto que se presentó”.

 

“Hay distintos niveles de observación. El aporte de mayor complejidad es el ruido entre dos organismos de Nación, uno dice que está todo bien y el otro dice que no, que es tremendo ¿Qué pasaría si estuviese todo alineado y esto fuese un acuerdo cooperativo de defensa? El problema es que podrían controlar si lo quisieran, ese es el problema”, agregó.

 

Y consideró que “les debemos urgencia a los fueguinos y fueguinas respecto a lo que pasa en la provincia. Este radar cuenta con las autorizaciones de los organismos nacionales y a partir de distintas opiniones, esta aprobación temporal se levantó”.

 

Dachary comentó que “hubo una nota del Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas con un tono bastante lapidario. Se lo convocará para que su diagnóstico pueda darse por un canal institucional y que se pueda actuar en consecuencia”.

 

El Secretario recordó que “esto arrancó en noviembre del año pasado, cuando la Secretaría de Comunicaciones dio la autorización a la empresa. Todo lo que está disparado, toda la controversia, dentro de todos los organismos, hasta el momento no hay un solo documento oficial que ponga palabra en contra. La suspensión se fundamentó en una nota del Ministerio de Defensa, pero no requiriendo que esto sea anulado, sino pidiendo mayor información”.

 

“Al día de hoy, si buscamos un documento que ponga palabras en contra, no la hay. Por eso, desde el Gobierno de la Provincia, pedimos la ratificación de lo expresado por el Jefe de Estado Mayor Conjunto, porque es una autoridad del ministerio de Defensa que dice que nuestra soberanía está en peligro”, insistió.

 

Sobre el rol del Gobierno Provincial en esta polémica, Dachary expresó que se manejan “por resoluciones del Gobierno Nacional y no hay ningún artículo de los organismos con competencia que ponga palabra respecto a este tema. Para nosotros la definición resulta extemporánea. Es perfecto que la gente salga a opinar, pero ante la responsabilidad del ministerio de Defensa y la preocupación de todos los actores de la provincia, pedimos que ratifique esta opinión”.

 

“Si esto no tuvo que ver con mala fe o inobservancia de los funcionarios, habrá que revisar las normativas. Hay que repensar los esquemas de participación”.

 

Asimismo, consideró que “la respuesta del Ministerio de Defensa podría ser la definición del General Paleo. En vez de ser una nota de un diario, podría ser un documento y el proyecto se caería. Luego habría que hacer un proceso de revisión para ver por qué pasó un elefante blanco disfrazado de ratón. Por un lado tenemos alguien que celebra la instalación de una empresa y otro ministerio que está diciendo que se traiciona la Patria”.

 

Además, subrayó que “no somos una provincia más, hay una parte de Tierra del Fuego que está invadida y eso nos pone en otro estatus. Además de lo que puede estar asociado a responsabilidades de funcionarios, es una posibilidad para revisar la normativa nacional”.

 

Para cerrar, contó que desde la Legislatura lo “convocaron para unificar y despejar un poco el ruido. Querían tener certeza de esto y de la información que se ha generado, para ponernos de acuerdo desde dos Poderes de la Provincia. Esto obliga un abordaje conjunto desde el Ejecutivo, con todo lo que tiene que ver con la autorización o no, y desde la Legislatura, para pensar nuevas normativas que eviten que esto se repita”. 

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