“Tenemos trato con el ministro de Educación, pero las medidas no están resueltas”

Según Cabral, “las leyes establecen que debe ser aplicado a todo el sistema, que es único. Las instituciones tienen que recibir el aporte financiero estatal para hacer frente al pago de las obligaciones que corresponden a sus docentes. Han cumplido con sus proyectos de forma completa durante el ciclo escolar 2025”.

“Hemos hecho las anotaciones formales, exigiendo que se cumpla con lo que la Ley dice. El ministro, personalmente, me ha informado de que iba a hablarlo con el gobernador. Nada de eso sucedió. Hay una decisión política, ideológica y dogmática de generar esto”.

Y agregó: “Lo cierto es que en estos dos años se fue cumpliendo con lo que la Ley establece y no hemos tenido inconvenientes, como en la gestión anterior de este mismo Gobierno o de otras. Pensábamos que ya era hora de que no tuviéramos que estar debatiendo el incumplimiento de lo que fija una Ley”.

El representante de las instituciones educativas de gestión privada expuso que estas instituciones brindan “un servicio educativo a alrededor de 11 mil alumnos, que representan un 25% de la matrícula provincial. Es algo fijado por Ley. No es una cuestión que los titulares pretendemos de una forma caprichosa. Se ha llegado a recurrir a la Justicia. Hay acciones de amparo que están en trámite y se están notificando los inicios de demanda al Gobierno provincial”.

“Será la Justicia la que ponga las cosas en su lugar, como pasa siempre con los actos ilegales por parte de los gobiernos que gestionan el Estado provincial”.

Por lo que comentó, “el aumento rige desde el 1 de noviembre, por lo que los docentes quedaron excluidos. Afecta la variación sobre el SAC de diciembre. Como es una acción de amparo, esperamos que la Justicia termine resolviendo. Aguardamos que sea en el marco de lo que dice la Ley y se ordene al Estado cumplir con lo que establece”.  

Finalmente, habló sobre las expectativas para el 2026 y resaltó la “incertidumbre” que genera la resolución ministerial: “Las instituciones cumplieron con sus trayectos educativos. Se perfila un 2026 con una matrícula estable y un poco creciente. Llegamos a diciembre con esto, que fue sorpresivo. Las instituciones cogestionan los aportes estatales y los recursos propios. En esta instancia, al hacer esta exclusión, se genera un repensar, o una mirada respecto a lo que piensa la mirada del Gobierno actual o qué decisión política está pensando”.

“Sería interesante que lo explique a la comunidad y que transparente qué está pensando el sistema educativo en lo que hace a los establecimientos públicos de gestión privada. Existe una Ley y deben cumplirla. Si creen que no debe ser así, el ámbito es el Poder Legislativo”, cerró.