“Es una reubicación de los ejes que el IPV tenía históricamente”

Montes explicó que “el enfoque institucional del IPV siempre estuvo centrado en la construcción de la vivienda y la adjudicación dominial. Hoy somos agentes del hábitat, de desarrollos urbanos y de la gestión de activos. Tenemos tierra, que no era un instrumento explícito en la ley, como para otras operatorias, como leasing, fideicomisos, asociaciones público-privadas o mecanismos financieros mixtos. A veces para generarlos teníamos muchas trabas en el marco normativo”.

“La idea es actualizarlo y ponerlo en palabras dentro de la Ley. Sobre todo, porque tenemos tierra que no podemos urbanizar por falta de recursos económicos, aunque sí podríamos usarla como activo de cambio para generar otras soluciones habitacionales, para no tener patrimonio estático”, señaló.

A su vez, aclaró que esta actualización “tiene que ver con la falta de la pata nacional y con mover toda esta estructura que venía funcionando de una forma y ahora hay que modificarla. Todo cambio dentro del Estado genera rechazo, porque el IPV era una institución para la parte social muy vulnerable. Pero hoy, aparte de ese sector, está la clase social que tiene otro poder adquisitivo, pero no tiene acceso a la vivienda. Por ejemplo, la demanda del PROCREAR, que quedó sin una institución que la atienda”.  

“Creemos que la segmentación es importantísima. Debemos tener un porcentaje de vulnerabilidad extrema, pero también regirnos por un principio de sustentabilidad para poder invertir”.

Sobre la importancia de equilibrar la mirada social del Instituto con la sustentabilidad económica, expresó: “En el 2023 pudimos modificar el recupero del IPV, que se va actualizando. Hasta esa fecha, que es donde más cantidad de viviendas tenemos entregadas, la bonificación es alta, porque la gente paga su casa, pero lo hace a una cuota mínima”.

Y detalló que “las viviendas que se entregaron de 2023 a esta parte tienen una cuota regular que no supera los 350 mil pesos, que es bastante menor a un alquiler. Las viviendas viejas tienen una cuota promedio de entre 10 y 50 mil pesos. Es el gran problema de autosustentarnos. Como se pensaba que siempre iba a estar el sustento de Nación, se propiciaba que la gente pagara menos y tuviera una vivienda muy barata a 30 años”.

Montes también puso en valor los programas de cancelación que impulsaron años anteriores, con los que los beneficiarios pudieron abonar el total restante de sus propiedades: “Dio resultados, pero el impacto económico no es mucho. Para una vivienda que se entregó hace 10 años, las personas cancelan con 3 millones de pesos. Por más que sean muchos, el impacto para generar nuevas soluciones no es tal. Por eso apuntamos a generar nuevas herramientas y hacer otro tipo de inversiones”.

Por otro lado, la presidenta del IPVyH aseguró que las obras no se han paralizado: “De las 12 obras de viviendas vigentes, una sola está rescindida. El resto va a un ritmo lentísimo, porque las generamos con recursos propios. Para una obra, el IPV tardaba un año y medio o dos en terminar, pero hoy estamos en 4 años. Antes había 50 personas en una obra y hoy hay 20”.

“Acordamos con las contratistas que no detengan las obras, pero iban a bajar el ritmo con planes de trabajo muy planchados, para evitar las rescisiones y, aunque sea a largo plazo, terminar las viviendas. Es así como, para fin de año y principios del año que viene, cuando se terminen las obras complementarias de infraestructura, se van a entregar las viviendas. Antes de que termine la gestión, tenemos para entregar 450 viviendas”, señaló.  

Al mismo tiempo, expuso que hay “demoras en los tiempos. Estamos pagando certificaciones de 100 o 120 millones de pesos por mes, cuando en realidad deberíamos estar pagando más de 400 millones por mes por obra. Por el gran costo que tienen la mano de obra y la construcción. Hoy el metro cuadrado de vivienda está en 2 millones de pesos”.

Todo esto, producto del recorte que llevó adelante la gestión de Javier Milei en materia de obras públicas: “Nos cortaron el financiamiento, porque habíamos hecho las licitaciones de 2 mil 300 viviendas a mediados del 2023. Los tiempos de construcción son largos. Serían obras de 2 años. La continuidad en la ejecución, la tramitación, las licitaciones y terminaciones se ha cortado. Por eso apelamos a adecuarnos a esta nueva situación. Sigo teniendo la esperanza de que en algún momento el Gobierno nacional le dé impulso a la obra pública, porque es la que genera trabajo en el resto de la economía”.

“Hemos achicado la planta del IPV en más de un 10% para ser más eficientes. En la Ley también está prevista la profesionalización de los cargos, para que sea más eficiente que ahora. Es un mandato del gobernador”.

Como empleada del Instituto, Montes hizo un análisis de la evolución de las cuotas y reconoció que no logra explicar “por qué los anteriores mandatarios no pudieron visualizar el recupero. Tan importante que sería recuperar como corresponde sin matar a la gente con la cuota. Si las 4 mil viviendas del IPV pagaran cuotas de 350 mil pesos como las últimas, sería otra la historia. Queremos corregir, de ahora en más, esta situación”.

Para cerrar, indicó que “lo que ralentiza al Estado son todos los entes de control que tiene. Si hoy quisiera pagar una obra con tierra no puedo, y ese es mi activo. Esas cosas ayudarán a ser más ágiles, como generar permutas. Hay empresas que quieren tierra y podrían generar infraestructura”.