“No se puede derogar una ley que convoca a reformar la Constitución”

En declaraciones radiales, Sabsay fue contundente: “Absolutamente no, ya no se puede interrumpir el proceso de reforma de la Constitución”. El jurista se refirió al proceso iniciado en 2023, cuando la legislatura fueguina, con una mayoría agravada, declaró la necesidad de reforma parcial de su Carta Magna. Aquella convocatoria fue judicializada y, tras un extenso período, el Superior Tribunal de Justicia provincial dispuso la continuidad del proceso. Recientemente, el Poder Ejecutivo local fijó fecha para las elecciones de convencionales constituyentes mediante decreto publicado en el Boletín Oficial.

Sin embargo, un sector político impulsa en la Legislatura un dictamen para tratar una ley que dejaría sin efecto la convocatoria original. Frente a este panorama, Sabsay fue enfático: “Eso sería abiertamente inconstitucional y podría ser caso federal, podría llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

El especialista explicó que la ley que declara la necesidad de reforma constitucional no es una norma ordinaria. “Es una ley especial que nada menos que decide la decisión más importante, que es el ejercicio del poder constituyente”, señaló. En ese sentido, la calificó como una “supraley” que ni siquiera puede ser vetada por el Poder Ejecutivo. “El Legislativo no puede una vez dictada, el Ejecutivo no puede una vez dictado. Ya se ha cristalizado el procedimiento”, agregó.

Sabsay también destacó que, una vez convocadas las elecciones y publicado el decreto en el boletín oficial, surgen derechos políticos y civiles. “Ya hay candidatos que tienen expectativa y electores que tienen derecho a votar. Derogar eso sería defraudar expectativas y confundir totalmente al electorado. Acá los que importan son los gobernados, no los gobernantes”, remarcó.

Consultado sobre si los futuros convencionales constituyentes podrían decidir no reformar nada, Sabsay aclaró que esa potestad sí les corresponde. “Lo que sí pueden es no tratar temas. Eso les está absolutamente permitido. Podrían decir: asumimos, consideramos que ninguno de los temas necesita reforma, cerramos la convención”. Pero advirtió que no pueden modificar aspectos no incluidos en la declaración de necesidad ni tampoco retrotraer el proceso una vez iniciado.

El constitucionalista vinculó esta situación con un problema de fondo para la provincia y el país: la inseguridad jurídica. “Impide las inversiones”, afirmó. Recordó que Tierra del Fuego atraviesa una fuerte pérdida de puestos de trabajo, y que la fluctuación política en torno a normas ya aprobadas “da un clima de gran inseguridad jurídica” que afecta el plano económico, social y el clima de época.

“No puede ser que el proceso electoral vaya y venga a favor de quienes deben ser elegidos. El rumbo debe ser construir un escenario de seguridad jurídica”, concluyó Sabsay.