Acampe en Abordajes Territoriales
El Colegio de Trabajo Social le respondió a Gracianía por los reclamos de revinculación
El Colegio Profesional de Trabajo Social de Tierra del Fuego emitió un comunicado en el que cuestiona que los procesos de revinculación familiar se resuelvan bajo presión política o mediática, en respuesta a las declaraciones de la legisladora por La Libertad Avanza, Natalia Gracianía, quien visitó el acampe de familias frente a las oficinas de Abordajes Territoriales, en Río Grande.
El acampe lleva más de nueve días y reúne a un grupo de entre cinco y diez familias que exigen la concreción de procesos de revinculación con sus hijos y nietos
En ese marco, Gracianía se acercó al lugar y se comprometió a dar a conocer la situación a “las autoridades que tienen la posibilidad de intervenir”.
Frente a estos dichos, el Colegio de Trabajo Social de Tierra del Fuego publicó un comunicado titulado "Los tiempos de las niñeces y adolescencias no son los tiempos de la política", en el que repudian “el uso de las situaciones de vulnerabilidad de las niñeces, adolescencias y familias con fines de exposición pública, rédito político o campaña electoral”.
“Nuestras familias no necesitan un reel. Necesitan viviendas, trabajo, salarios dignos, acceso a la salud y la educación, políticas de discapacidad, acompañamientos profesionales y recursos que permitan construir proyectos propios de vida dignos”.
La entidad sostiene que "una revinculación no es un trámite que pueda acelerarse en función de presiones, intereses o urgencias políticas" y que los procesos "no pueden estar determinados por la urgencia de los adultos", sino que deben desarrollarse "cuando existan condiciones adecuadas y seguras" y se haya garantizado el derecho de niños, niñas y adolescentes "a ser escuchados y a que sus opiniones sean debidamente consideradas".
El texto enfatiza que "las situaciones de vulneración de derechos no pueden convertirse en contenido para las redes sociales" ni "las historias de vida de las familias" pueden ser "utilizadas como escenario político".
Por otro lado, pidieron a la dirigencia política que la preocupación manifestada "se traduzca en decisiones concretas, políticas públicas y recursos" y enumeró una serie de responsabilidades que, a su criterio, deben garantizar quienes ocupan cargos de representación: inversión en equipos profesionales especializados, instituciones "adecuadamente equipadas, fortalecidas y en pleno funcionamiento", y el acceso efectivo a salud, educación, vivienda, trabajo, seguridad social y políticas de discapacidad, entre otros puntos.
“Quienes ejercemos el Trabajo Social estamos y seguiremos estando, desde nuestra responsabilidad profesional y nuestro compromiso ético, al lado para acompañar y hacer efectivo el acceso a sus derechos”, cierran.
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