“El 70% de los delitos son aquellos en los que se apropian de la identidad de la víctima”

El letrado ponderó el trabajo del Banco de Tierra del Fuego y expuso que “la banca privada todavía no se ha sumado. El BTF hace una inversión muy fuerte a los fines de establecer políticas de ciberseguridad. Para eso tiene contratados los servicios de Emiliano Pisitelli, que es un experto en la materia”.

En esta línea, Urquiza comentó que se sumaron “con vocación de mostrar el trabajo que desarrollan las fiscalías en torno a estos flagelos: delitos de estafas usando las tecnologías de las comunicaciones. Con la vocación principal de advertir a la comunidad sobre estas modalidades. Se trata de un fenómeno delictivo que se presenta con una dinámica muy particular y amerita, a los fines preventivos, que estemos permanentemente adecuándonos a ese movimiento”.

Asimismo, manifestó que “hay una carencia normativa que abarque todo este tipo de delitos. Se nos escurren entre las manos, como si fueran agua, un sinfín de casos de víctimas, porque no quedan configurados como delitos. Siempre se llega tarde a los fines que más interesan a las personas, que es el recupero de su patrimonio. Cuando se hace el desplazamiento patrimonial, se distribuye en infinidad de cuentas y se le pierde el recorrido. Cuando llegamos, es realmente muy tarde”.

Por ello consideró que también “es interesante la participación de la policía, porque ellos trabajan mucho sobre el tema y lo hacen desde la perspectiva de la investigación. Se ponen de manifiesto estas dificultades de violencia digital. Estamos muy lejos de estar en sintonía con ese tipo de investigaciones. Es consistente con la postura de la fiscalía en esto de llegar a tiempo para recuperar el dinero perdido”.

Respecto al informe del Poder Judicial en el que se advierte que entre 2024 y septiembre del 2026 se registraron 3.845 causas, Urquiza reconoció que “no refleja la realidad, porque las personas no denuncian por una cuestión personal. Teniendo en consideración que a veces no queremos decir que hemos sido vulnerados por este tipo de maniobras”.

“Estamos hablando de un movimiento patrimonial enorme que compite con las principales cadenas delictivas, como el narcotráfico y demás. Es muy importante lo que sucede. La cantidad de denuncias que realmente se hacen no reflejan la realidad”.

Urquiza puso en valor que “la Policía tiene un trabajo en redes con otras provincias. Se visibiliza que los artífices y partícipes de este tipo de maniobras están radicados en distintas provincias y ese trabajo de convenios policiales permite avanzar en la investigación más genérica para desbaratar bandas. Algo que sostiene un impacto en Ushuaia o Río Grande puede ser una punta de investigación para desbaratar una banda en Córdoba. Si no hago la denuncia, eso queda en una zona oscura. No conozco el dato y no lo puedo utilizar para hacer el rastreo”.

Consultado por la falta de marco normativo, el fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia explicó que “el delito de estafa tiene cuatro momentos y tenemos que detenernos en los dos primeros. El primer momento es la acción de engañar que realiza el delincuente. Ese engaño está dirigido a que una persona caiga en un error: supone que realiza tal o cual relación comercial, cuando en realidad no lo es. Allí es cuando se habilita el desplazamiento patrimonial y se produce el perjuicio. Esos son los 4. El segundo momento es cuando la persona resulta engañada y cae en error. Ahí vemos que es quien aporta la información para que el engaño sea efectivo: es cuando entra en crisis el delito”.  

“Los bancos generalmente preanuncian y advierten que no aporten datos porque no se comunican por teléfono o por WhatsApp. Si alguien recibe una comunicación de ese tenor, tiene que permitirse dudar y dirigirse directamente al banco o a la entidad que se supone que nos está tratando de contactar”, siguió.

“Generalmente hay un aporte del engañado y eso es lo que debilita el delito tal cual como está definido en el Código Penal”.

Y aseveró que “alguien no se puede apropiar de mis contactos de WhatsApp si yo no doy mi código. Lo primero que me piden es eso. Me hacen un rulo para que me sienta confiado y allí es cuando aporto el famoso número que tiene el dominio individual y con eso toman mis contactos. A partir de allí, articulan las maniobras de engaño”.

Para cerrar, insistió en que “las herramientas legales son escasas. Lo que tenemos es una comunicación permanente, muy artesanal, con la Policía. Con ellos tratamos de poner el acento en el tiempo”.

“Tratamos de no provocar pérdida de tiempo en la denuncia y el dato esencial, que es la noticia criminal. Nosotros sostenemos que es mejor que lo haga directamente en la Policía, porque ellos pueden comenzar a trabajar sobre el bloqueo de cuentas”, culminó.