Freno a la entrega de Macri: Barcesat advirtió que por Constitución los recursos naturales corresponden a las provincias

Por Radio Nacional Ushuaia aseguró que los actos del macrismo son nulos y además tramita una denuncia por violación de deberes de funcionario público, malversación de caudales e infame traición a la Patria, al haber quebrado la división de poderes entre nación y provincia, teniendo como soporte principal la Constitución Argentina, que reconoce a las provincias el dominio de sus recursos.

“El Estado nacional está poniendo en garantía la totalidad de las riquezas y recursos naturales existentes en el territorio argentino, violentando el principio constitucional que sostiene que el dominio de los recursos primarios le corresponde a las provincias”, manifestó Barcesat, y aludió a las declaraciones del legislador Pablo Blanco, quien intentó equiparar la garantía puesta por el gobierno macrista, con la toma de endeudamiento de la provincia.

“El diputado de Cambiemos parece no advertir cuál es el principio de legalidad. No voy a examinar la razonabilidad de si la gobernadora hizo bien o mal al poner las regalías petroleras en garantía de la deuda contraída por la provincia, porque es autoridad provincial, se hizo por ley y tiene la competencia para hacerlo. Si la medida es buena o mala, que lo juzguen los fueguinos. En cambio lo que ha hecho el presidente de la nación es apropiarse de una potestad que  le corresponde a las provincias. Es un ejercicio usurpativo que descalifica la legalidad del acto, es decir que es un acto nulo, antijurídico, lesivo de la Constitución nacional y que tiene que ser revisto por las provincias, en resguardo de las facultades que la Constitución les otorga taxativa y expresamente en el artículo 124. En esto no hay debate”, sentenció.

Efectivamente el artículo 124 señala que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio” y, ante el compromiso asumido por el gobierno de Macri con acreedores externos, consideró que “habría que preguntarle al Ejecutivo por qué cometió este acto usurpativo, porque lo que dice el texto constitucional es que el dominio originario implica que sólo la provincia puede, a través de sus órganos competentes, disponer de sus riquezas y recursos naturales. En este caso lamentablemente, de una forma muy encubridora, hubo un endeudamiento compulsivo al que nos sometió el presidente, y las resoluciones firmadas por Luis Caputo no se publicaron en la edición en papel del Boletín Oficial sino en la página web. Allí uno se encuentra con el sometimiento a la jurisdicción extranjera, con que no se puede cuestionar la validez de la deuda, que no se pueden pedir mayores plazos ni que se baje la tasa de interés pactada. Aparte de todo eso, menciona los bienes del artículo 236 del código civil y comercial, que son el conjunto de recursos naturales y las empresas de capital estatal, sean nacionales, provinciales o municipales”, detalló.

Informó que la denuncia penal contra la actual gestión nacional “ya se hizo a partir del 2016, porque esto comenzó con el espurio negociado con los fondos buitre, que en realidad fue pagarse a los propios tenedores de los bonos, que eran argentinos en un 85%, y da vergüenza decir esto. Todos los actos de contratación nueva de deuda fueron sometidos a este régimen. Todo ello está en juicio, en el que se habla de violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales, y se invoca la figura del art 29 de la Constitución de infame traidor a la patria, por haber quebrado la división de poderes entre el Gobierno nacional y el gobierno provincial”, dijo.

Consultado sobre la posibilidad de que los acreedores externos, y el propio gobierno macrista, puedan argumentar que la ley provincial que se propone es posterior a la toma del crédito, Barcesat remarcó que “la Constitución es del año ’94, y ahí está el fundamento de la nulidad jurídica de esta brutal deuda que ha contraído el presidente, bajo esta condiciones ominosas”.

De haber un litigio internacional si Argentina no cumple con el pago de la deuda, dijo que “le gustaría estar en esos litigios” y citó doctrina de la Corte Suprema del año 2014, ante el intento de ejecución de Griesa, que fue frenado. “Esa doctrina no ha sido modificada por ningún fallo posterior de la Corte y va a ser el bastión al que tendrá que asirse la Argentina, si es que se pretende extorsionarnos y sacarnos las riquezas y recursos naturales, por actos nulos perpetrados por el gobierno de Mauricio Macri”, manifestó.

Por otra parte, con relación a la Ley Malvinas, indicó que “hemos hecho un aporte, que fue puesto a consideración de la gobernadora y rige para lo futuro. No agrega mucho a lo que ya dice la Constitución sobre los tratados y acuerdos con las potencias extranjeras, que deben ser aprobados o desechados por el Congreso de la nación”, explicó. En este caso quedarían comprendidos los acuerdos de Madrid y el acuerdo Foradori-Duncan, porque “no se cumplió con este procedimiento: el Congreso no fue notificado ni tomó intervención en el tema. Esta es la base de toda la enajenación de las riquezas de la plataforma submarina que le corresponden a la provincia de Tierra del Fuego. El proyecto que le he entregado a la gobernadora plantea que se desechen todos los acuerdos y tratados celebrados por fuera del mecanismo previsto por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución nacional, porque se deben aprobar o desechar en forma previa a la ejecución de estos acuerdos”, concluyó.