Impuesto inmobiliario: El constitucionalista Eduardo Barcesat disertará sobre autonomía municipal

Por FM Del Sur, adelantó que se expondrá “la posición de los municipios con relación al impuesto inmobiliario urbano y el conflicto que se ha suscitado por la intervención de la AREF, que ha interpuesto una acción declarativa de certeza para que la justicia determine a quién corresponde recaudarlo”.

Destacó la presencia del Dr. Eduardo Barcesat, quien es “toda una autoridad para hablar sobre la materia porque fue convencional constituyente y aportó ideas fundamentales en la redacción del artículo 23, que reafirma la autonomía municipal, del punto de vista político, y sobre todo económico-financiero, para que los municipios no tengan que depender del poder central provincial”.

La charla está “abierta a toda la comunidad, para que fundamentalmente se sepa la posición de los municipios frente a este avance y esta pretensión de quedarse con dos recursos que son propiedad de los municipios, porque son recaudados desde antes de la creación de la provincia”, dijo de los impuestos inmobiliario y automotor.

“La discusión va a estar centrada en las facultades de la provincia con la sanción de la ley 1075 (código fiscal)”, por la cual los municipios deberían dejar de recaudar el impuesto inmobiliario. “Por supuesto la posición de los municipios es absolutamente contraria, porque la recaudación fue cedida a los municipios por la ley territorial 236. Es un derecho adquirido y las cartas orgánicas municipales lo establecen expresamente”, sostuvo.

“En el caso de la carta orgánica de Río Grande, el impuesto inmobiliario y el automotor son de los municipios y ha quedado como un derecho adquirido”, dijo el letrado, y marcó diferencias en el planteo de nulidad que hicieron ambas municipalidades, porque “en Río Grande hay algunas diferencias en cuanto al mandato de los convencionales constituyentes, que han establecido que estos dos tributos no se pueden alterar por ningún pacto fiscal o acuerdo político. De sancionarse una ley que pretenda alterar la propiedad de esos recursos, las autoridades de Río Grande tienen el mandato de agotar todas las instancias para defender esos recursos y llevar el caso a las máximas instancias nacionales”.

En caso de un resultado adverso a nivel local, “podrán llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y están de por medio los tratados internacionales, porque hay un derecho de los vecinos a gozar de una vida digna, dado que los tributos deben ir a la sociedad a través de obras y servicios. Si los Municipios pierden esos recursos, van a tener una dependencia absoluta del gobierno provincial y el concepto de autonomía queda vacío de contenido”, planteó Garay.

“Sin estos recursos, la autonomía quedaría como un concepto abstracto, cuando el convencional constituyente del ’94 quiso dotar de contenido al concepto de autonomía municipal. Sin autonomía económico-financiera, no hay autonomía”, sentenció.

Dio cuenta de la magnitud del impacto de la quita de estos impuestos, porque “en el caso de la Municipalidad de Río Grande afecta casi el 50% de los recursos propios”, dijo.

Consultado acerca de si la legislatura podría evitar este conflicto, se remitió “al debate parlamentario de la ley 1075”, porque “allí los legisladores de la UCR y el MPF expresaron cuál era el sentido para oponerse a la sanción de esta ley, dado que no tuvieron en cuenta que los municipios vienen percibiendo históricamente estos recursos”.

Apuntó que “cuando se hizo el Pacto Fiscal I, en el ’92, los municipios dejaron de percibir la coparticipación del ingreso a las ventas y a cambio se les otorgó la recaudación del impuesto inmobiliario y automotor. Esta recaudación es histórica y no pueden desconocer esta realidad histórica sobre la propiedad de estos recursos”, concluyó el secretario.

La conferencia tendrá lugar a partir de las 10:00, en instalaciones del Museo Virginia Choquintel de la ciudad de Río Grande.