En Ushuaia y Río Grande
Ya se registraron 27 denuncias por amenazas en establecimientos escolares
Ante estos hechos, se dispusieron medidas investigativas con el objetivo de determinar su origen y evaluar las responsabilidades que pudieran corresponder.
Este tipo de situaciones genera preocupación en la comunidad educativa y requiere un abordaje coordinado entre las instituciones involucradas, priorizando la protección de estudiantes, equipos docentes y personal escolar, tal como lo hicieron saber las autoridades del Ministerio de Educación a los Fiscales intervinientes.
En este sentido, se recuerda a la comunidad que las manifestaciones amenazantes, aun cuando se realicen en forma anónima o pudieran ser interpretadas como una broma, pueden dar lugar a intervenciones judiciales (delitos como daño, amenazas anónimas o intimidación pública Art. 183, 149 bis y 211 respectivamente del Código Penal).
El Ministerio Público Fiscal continuará interviniendo en las actuaciones policiales iniciadas por esos delitos a fin de esclarecer los hechos y requerir a los respectivos juzgados las medidas de protección que resulten necesarias para resguardar a la comunidad educativa, en coordinación con las autoridades del Ministerio de Educación.