“La Provincia revisa para optimizar los recursos y dar, a cada uno, lo que necesita”

La funcionaria expresó que coincide “en la manifestación contra el veto, porque la ley sancionada tiene que ver con cuestiones que no se cubren a nivel nacional”, pero expresó que la situación nacional “difiere de lo que pasa en la provincia. La Nación no da pensiones por discapacidad a los niños, pero sí a los adultos, cosa que no ocurre en la provincia”.

Chapperón precisó que “tenemos 2 mil 87 pensiones, de las cuales 2 mil 6 son por discapacidad y 81 son por vejez. Ayer escuchamos a algunas de las mamás explicar lo que está sucediendo. Me parece que es oportuno que lo expliquemos”.

Por lo que indicó la ministra “la Ley habilita al ministerio a revisar anualmente las pensiones para ver si se está cumpliendo con los requisitos. Así como se evalúan personas que necesitan, también existen situaciones de regularidad que se controlan permanentemente. Hay personas que cobran una pensión de la provincia sin vivir acá, algo que taxativamente prohíbe la Ley, salvo que tengan alguna situación de salud que les permita estar autorizadas”.

“Por otro lado, la ley plantea que al cumplir la mayoría de edad los jóvenes son evaluados nuevamente y la nueva evaluación modifica las condiciones, porque lo que evalúa ya no es la incapacidad para el autodesenvolvimiento, sino la discapacidad laboral. Deben tener una incapacidad laboral del 66%. La gran mayoría de las veces, este porcentaje es muy bajo”, continuó.

Además, aclaró que “existen múltiples situaciones. Los papás que escuchábamos planteaban que debían hacer trámites y nuevas juntas cada 6 meses, pero no es así. Las juntas médicas se hacen de acuerdo a lo que consideran los profesionales. Hasta el día de la fecha, los plazos eran de 2 años, 5 años o 10 años. Cuando se hacen nuevas juntas médicas es por pedido de los padres, que no están de acuerdo con la evaluación. En ningún caso se hace una evaluación cada 6 meses”.

“Desde el Ministerio se hace el máximo de los esfuerzos. Nos gustaría tener más cobertura, pero hay una cuestión limitante, que es el presupuesto”.

A esto se suma que “cuando una persona que percibe una pensión consigue un trabajo, también la suspendemos. Cuando el salario es superior a lo que recibe con la pensión, debe suspenderse. Nuestro trabajo está enfocado en insertar laboralmente a personas con determinada discapacidad, que tienen capacidad para otras tareas. Se capacita junto al sector privado y se busca, con la AREF, la posibilidad de bajar impuestos a empresas que contraten a personas con discapacidad. Estamos haciendo todo un trabajo que no tiene que ver con una restricción, sino con controlar lo que está pasando”.

“La gran mayoría de los casos no tienen un médico de cabecera. Hay médicos que repiten indicaciones de otro profesional, pero no pueden dar cuenta de ese paciente. Queremos mejorar lo que se le da a cada uno. Trabajamos con el Ministerio de Salud para implementar un sistema de médico de cabecera, que pueda controlar esta situación. A veces son múltiples especialistas e indicaciones de prácticas. Esto puede ser controlado para dar una mejor prestación. No puede entenderse como una restricción”, advirtió.

Asimismo, reconoció que “la obra social pone un límite a las prestaciones que se dan. En todas las obras sociales del país hay uno. No se pueden usar los recursos a destajo, porque no alcanzan. Estamos cubriendo enfermería y cuidadores en las internaciones domiciliarias. Hay que revisar la situación de cada uno de los pacientes, porque cada uno es distinto y necesita prestaciones diferentes. Eso no quiere decir que se restrinja, sino que se le da a cada uno lo que necesita. Esto debe estar controlado por un profesional de la salud, que debe hacerse responsable de la situación de estos pacientes”.

Por otro lado, mencionó que “el 70% de las pensiones por discapacidad son niños, de ellos el 50% son niños con algún trastorno del espectro autista. Estamos revisando los criterios. La ley menciona que la discapacidad para el autodesenvolvimiento también tiene que ser del 66%. Es el porcentaje para todo tipo de patología”.

“En el caso del espectro autista, donde la medicina avanza y vemos distintos niveles, hemos establecido los criterios médicos, porque las juntas plantean que no es fácil determinar un porcentaje en niños. Nos hemos puesto de acuerdo en un nomenclador que ellos usan. Cualitativamente estima un porcentaje de discapacidad. Hemos tomado hasta el 50% o más. No se puede discernir tan claramente el 66% como en los adultos, cuando se analiza capacidad laboral”, señaló.

“Hay situaciones para corregir. Estamos trabajando, pero de ninguna manera quiere decir que se vaya a limitar. Tratamos de aumentar todas las prestaciones posibles, no sólo nosotros, sino también en la obra social, que ya sabemos la crisis que atraviesa”.

Al mismo tiempo, Adriana Chapperón destacó que “hasta el momento están en proceso de pago 2 mil 600 millones de pesos, en lo que llevamos del año. No es que no se dan prestaciones. Los turnos muchas veces se dificultan. El Centro de Rehabilitación de Ushuaia toma nota de esto y está viendo cómo optimizar el recurso. Tiene un año de vida, y Salud trabaja para mejorar esta situación”.

La ministra marcó que “la ley establece que las pensiones deben otorgarse a las personas que padecen otra vulneración de derechos además de la discapacidad. Luego hubo una modificación de la ley que sacó ese requisito. Nosotros le damos prioridad a quienes tienen una situación socioeconómica que no ayuda. Para esto, es muy importante optimizar los recursos, usarlos como corresponde y que no haya superposición. Revisamos cada internación domiciliaria, para ver si se está cumpliendo”.

“Tenemos 900 personas que utilizan la obra social. Lo que dice la ley es que la persona que utilice la obra social de la Provincia no debe tener ninguna otra que le corresponda por sus familiares. Hoy encontramos muchas personas que tienen otras obras sociales y, sin embargo, también utilizan OSEF. A esto lo revisamos. Hay casos con doble y serán dados de baja de la obra social provincial”, expuso.

En cuanto a las presuntas bajas en el monto de la pensión, Chapperón aclaró que “el gobernador ha decidido que todas las sumas fijas que se entreguen a cualquier categoría también se den a las RUPE. Ahí se produce un desfase, porque las pensiones se pagan los primeros días del mes, antes de los salarios. Muchas veces, los acuerdos paritarios se hacen después”.

“Eso nos obliga a hacer un reajuste por boleta complementaria o por el SAC. No es que bajamos el monto, sino que pagamos un extra como retroactivo. Hacemos exactamente lo mismo que se hace con cualquier empleado público”, continuó.

“Hacemos el mayor de los esfuerzos y podemos dar cuenta de cada una de las situaciones, para revisarlas en conjunto y que se queden tranquilos con que no hay ninguna arbitrariedad. Las que se dan de baja son las pensiones que no corresponden”.

Por último, la ministra enfatizó que las bajas son ante “situaciones irregulares y, en todos los casos, hacemos cruces de información. De la misma manera que con los alimentos, hacemos un cruce a nivel nacional, a través de un sistema que nos dice si tienen otros ingresos, cuáles son o de dónde vienen. Si hay situaciones de personas que están trabajando, cruzamos información con el lugar en el que trabajan, para corroborarlo”.

“Tenemos pensiones derivadas de personas con discapacidad fallecidas, que no cumplen con los requisitos de la Ley. A esto hay que corregirlo, porque atender a quien realmente lo necesita hace que el sistema sea más eficiente. La ley es muy clara. Por eso no podemos cometer errores. Existen mil formas de comunicarse para saber qué está faltando y qué es necesario hacer. Todos tenemos que entender que el recurso es finito y es responsabilidad de los ministerios recabar cada una de las informaciones”, cerró.