Financiamiento del Sistema Educativo
“Es una ley que pone a trabajar al Ejecutivo en la reforma integral del sistema educativo”
En declaraciones a Mañanas Diferentes, por FM Espectáculo 93.1, la legisladora provincial por el PJ, Victoria Vuoto, habló sobre el tratamiento de la Ley de Financiamiento Integral del Sistema Educativo, desmintió que la iniciativa cree nuevos proyectos y denunció que hay “a los que no les interesa que se apruebe”, pero no pueden manifestarlo por conveniencia electoral.
En esta línea, Vuoto recordó que aprobaron “un dictamen con una ley estructural sobre educación. El financiamiento es un artículo de 27 que tiene la ley. Es muy programática. Establece un horizonte con una garantía mínima de inversión en educación hasta alcanzar el 7,8% del Producto Bruto Geográfico. Es decir que año a año debe aumentarse con los recursos ordinarios de la provincia”.
Además, “tiene una garantía vinculada a las condiciones edilicias, para garantizar la inversión en infraestructura; una vinculada a las cuestiones salariales, donde se establece que el caso testigo que hoy está por debajo de la Canasta Básica Total debe equipararse a esta, para que los salarios alcancen el piso mínimo para no ser pobres. Hay otra garantía de mejora educativa, porque en el término de 180 días el Ejecutivo tiene que presentar un plan de mejora educativa que incluya contenidos y cuestiones pedagógicas. Debe someterse a discusión con la comunidad educativa”.
“A la vez, se crea un fondo específico con fuentes de financiamiento que no crean un impuesto nuevo, sino que revisa exenciones que existían en la provincia sin ningún tipo de fundamento, como el Banco de Tierra del Fuego o la empresa distribuidora de gas. Todas las actividades productivas y comerciales pagan Ingresos Brutos, muchos 3 puntos, otros 5 puntos o 9 puntos. A tal punto se continúa protegiendo a la banca pública, que el BTF no va a pasar a pagar 9 puntos como las bancas privadas, sino 3”, continuó.
“Hay una decisión razonable de eliminar un privilegio que no tiene fundamento. También se establecieron cláusulas de protección para que las empresas no hagan la cuenta matemática de trasladar el aumento a los usuarios”.
La legisladora expuso que “muchos legisladores leyeron la parte del dictamen donde se establece esta cláusula de protección y sostienen que lo lógico es que la empresa lo traslade. Y que por más que la Ley provincial diga que el banco lo tiene prohibido, lo trasladaría. Es una locura. La Ley es obligatoria para el Banco de Tierra del Fuego. Nosotros somos quienes creamos, organizamos y regimos las reglas de esa entidad, porque es provincial. Si la Legislatura establece una manda legal, debe cumplirla”.
Aunque expresó: “No sé cuál es el fundamento. Creo que está atado a esto que se instaló sobre que se viene un impuestazo para el salario docente. Lo que se pierde de vista es que no se está discutiendo el proyecto del Ejecutivo. Estamos discutiendo financiamiento docente hace dos años. Pasaron cuatro textos distintos: el del sindicato, dos del Ejecutivo y uno que construimos varios bloques. El texto que quedó unifica lo mejor de cada uno”.
E insistió en que “no hay un nuevo impuesto: se revisa que había tres actividades que no pagaban Ingresos Brutos en la provincia, pero sí en el resto del país. El Banco de Tierra del Fuego paga este impuesto en Santa Cruz y en Buenos Aires, ¿por qué no pagaría en la provincia?”.
Respecto al caso de Camuzzi, Victoria Vuoto explicó que plantearon “que haya una distribución de ese fondo para conexiones domiciliarias de gas. Habrá un porcentaje a esto y otro a arreglos escolares de infraestructura. Hay muchas instituciones con problemas de calefacción, calderas y conexiones. La idea es usar esos fondos vinculados a esta actividad con dos necesidades centrales de la provincia: ampliar la red de gas natural y mantener calefaccionadas las escuelas”.
Esto permitirá generar “una instancia de diálogo con la empresa para que no lo traslade. Hay una cláusula que establece que, si el ente nacional autoriza a Camuzzi a trasladar este monto a la tarifa, nosotros dejamos el artículo sin efecto y AREF debe informarnos para reemplazar esa falta de financiamiento. A Camuzzi le va a servir, porque si le conectás un usuario tiene un cliente más. Eso es lo que no se termina de comprender, o no se quiere comprender”.
“La Ley tiene 27 artículos. Establece una meta de inversión de acá a cinco años, ¿quién puede negarse? Establece un piso mínimo de salarios, ¿quién puede negarse a que un docente cobre bien? Establece una meta de inversión en infraestructura y hay un plan de mejora educativa con contenidos”.
“Muchos legisladores hablan de reorganizar el gasto o hacer ajustes. Para tomar esas decisiones necesitás conocer la realidad, ¿qué mejor que el observatorio que te permite medir la ejecución del gasto y ver si cumple un objetivo concreto en el sistema educativo? Te da herramientas de control sobre el gasto”, subrayó.
Sobre los ingresos generados con esta normativa -y la diferencia en los números esbozados por cada legislador durante la sesión-, la referente justicialista indicó que “el artículo de financiamiento tiene fuentes que uno puede identificar rápidamente y otras que son futuras, entonces son estimaciones. De igual forma, en la comisión, el ministro de Economía y el representante de la AREF fueron muy claros en los montos. Del Banco de Tierra del Fuego son 3 mil millones de pesos anuales. De Camuzzi podrían ser entre 2 mil y 3 mil millones de pesos anuales. Terra Ignis tiene crudo a la venta y depende mes a mes de cuánto venda. Hay una estimación de 200 millones de pesos. El Impuesto Inmobiliario Rural es de 500 millones de pesos”.
“Hablamos de entre 4 mil y 5 mil millones de pesos seguros. Es lo que la Nación le quitó a la provincia en dos de los programas educativos más importantes: el FONID que fue de 1.400 millones de pesos y el Programa de Infraestructura escolar que fue de 1.600 millones de pesos. Este financiamiento específico suplanta dos de los 17 programas que el Gobierno nacional eliminó y eso hace que la Provincia no use recursos ordinarios para cubrir estos programas como lo hace hoy”, destacó.
Consultada por los motivos por los que algunos sectores se oponen a la normativa, Vuoto sentenció: “En el fondo, hay un sector de legisladores que no creen que tenga que haber una Ley de Financiamiento Educativo. A veces es muy difícil decirlo, porque en campaña todos nos rasgamos las vestiduras hablando de educación. No creo que a La Libertad Avanza le interese que haya una Ley de Financiamiento Educativo, aunque no lo digan”.
“El Gobierno de Javier Milei proyecta invertir el 0,79% del PBI en 2027. Es la inversión más baja de los últimos 25 años de Argentina y pelea en el ranking al 2002, después de la crisis cuando el país estalló por los aires. Ellos proyectan 0,02 puntos más, pero hay que ver si lo ejecutan”, lamentó.
“No creo que a La Libertad Avanza le interese una Ley de Financiamiento, si no cumple con la ley nacional. Eliminaron 17 programas nacionales. No lo pueden decir, porque es fuerte decir que no bancás la educación pública”.
A su vez, indicó que “esta es una ley incómoda para el Ejecutivo, porque los pone a trabajar en una mejora del sistema educativo en 180 días y nos pone a discutir a todos qué contenidos y con qué metodología: si tiene que ir a jornada completa o no, en qué condiciones, si tenemos que promover la educación técnica. No es una ley cómoda. Por eso me cuesta entender la posición de muchos que respaldan la educación pública, no como La Libertad Avanza, pero que no quieren acompañar esta ley que tiene un montón de herramientas que nos permiten justamente empezar a generar acciones para que el ejecutivo ordene el gasto y haga más eficiente el financiamiento educativo”.
Para cerrar, la legisladora del PJ instó a sus pares a enfocarse en las causas que llevan a tratar esta normativa: “El debate es la maestra que va a la escuela, su salario no le alcanza para cubrir sus necesidades básicas y tiene que buscar ropa y alimentos para ayudar a un pibe que no tiene qué comer. No perdamos de vista esa realidad”.
“En este contexto en el que el Gobierno nacional ha pulverizado la inversión en educación y atacó fuertemente la educación pública, necesita confiar en las instituciones de la provincia, mínimamente. Si nosotros no hacemos nada ¿qué le queda a esa docencia? No es una Ley para Gustavo Melella o para Horacio Catena, sino para la comunidad educativa. Se mezclan cuestiones políticas-electorales, partidarias y miradas sobre el sindicato”, culminó.
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