Ludopatía infantil
“Hay que reforzar la educación digital en los adultos, para que sepamos cómo controlar lo que está pasando”
Victoria Vuoto, legisladora provincial por el Partido Justicialista, habló con Mañanas Diferentes, por FM Espectáculo 93.1, sobre los proyectos que abordan en la Comisión de Innovación para tratar la problemática de la ludopatía infantil en Tierra del Fuego.
Vuoto indicó que “hay dos proyectos, uno de Greve y Martínez y otro de Sciurano y Lapadula. Uno tiene más control y sanciones a las empresas prestatarias, mientras que el otro está más vinculado con la prevención y concientización. Son dos proyectos complementarios y es más fácil que se conviertan en uno solo y eso nos dé una mirada integral. El compromiso es trabajar un proyecto unificado”.
“Vinieron las autoridades del IPRA y fueron muy acertadas sus intervenciones en torno a que el principal desafío es el combate contra el juego ilegal. Es ahí donde juegan los pibes. Estuvimos trabajando con ellos. Convocaremos a los ministerios de Salud y Educación, a la Agencia de Innovación y al Poder Judicial. Estamos todos interesados en aprobar una herramienta de estas características”, narró.
“Cuando uno se junta con los gabinetes, el juego es la principal preocupación y la otra es la difusión de imágenes íntimas, muchas retocadas con IA. Son preocupaciones que hay que abordar con marcos normativos que fortalezcan la actividad de las instituciones. También hay que poner el foco en las familias”.
La legisladora comentó que continúan desarrollando “talleres de salud mental con adolescentes, y es recurrente el pedido de que sensibilicemos a los padres y madres en la escucha. Hay algo del diálogo roto en la tecnología. No habitamos el mismo mundo, por lo que no sabemos cuáles son sus riesgos. Hay algo en la barrera tecnológica que nos impide acompañar correctamente a los jóvenes”.
Por otro lado, mencionó que “el proyecto de la legisladora Colazo es interesante porque tiene que ver con el debate que se da en el mundo: qué hacer con los dispositivos electrónicos en las aulas. Su enfoque es regulatorio, no prohibicionista. También tiene una larga lista de invitados, pero tendrá su tratamiento específico, porque hay muchos especialistas y áreas involucradas”.
Respecto a la iniciativa de la legisladora libertaria Natalia Gracianía para implementar la obligatoriedad del contenido de Malvinas en la currícula, opinó: “Hay que entender la demanda de los Centros de Excombatientes. Su planteo es la deficiente difusión de contenidos de Malvinas en las escuelas, pero el origen no es que no sea obligatorio el contenido. No hay que hacer una Ley que lo haga obligatorio como plantea la legisladora Gracianía, porque está la Ley 440, que es territorial, un proyecto de la Unión Cívica Radical, y fuimos la primera provincia en establecer la obligatoriedad de la Cuestión Malvinas en los establecimientos educativos”.
Y recordó que “en el 2006 se sanciona la Ley de Educación Nacional, y se incorporó en el artículo 92, inciso b, la obligatoriedad de los contenidos de Malvinas en todas las currículas del país. La provincia sancionó la Ley 817 con la que crea una Comisión para diseñar esos contenidos. Hay una historia en la que legislativamente la provincia estuvo al frente de ese reclamo”.
“Hoy no podemos decir ‘hagamos obligatorio algo que tenemos’. Más allá de que las autoridades del Ministerio de Educación contaron que están los contenidos. Lo que hay que resolver es lo que pasa entre la obligatoriedad y el diseño curricular y lo que no se refleja en las aulas”.
Para cerrar, manifestó que “si vamos a trabajar una Ley, hagamos una que no eche por tierra la historia de la provincia y que se achique la brecha entre lo que pasa en las aulas y el diseño curricular ¿Con qué? Con una Comisión de Seguimiento donde estén los Centros de Excombatientes, se haga capacitación docente, haya monitoreo, evaluación y supervisión de los contenidos y que se establezca el mínimo por Ley”.
“El Ministerio de Educación planteó que el 62% de los docentes no fueron formados en la provincia y que quizá vienen de institutos de formación en los que no se aplica el contenido de Malvinas. Ahí planteamos que su obligación es garantizar la capacitación permanente de los equipos. Quizás los contenidos también son viejos, porque son del 2014. Hay que actualizar las cajas curriculares y crear materiales pedagógicos”, culminó.
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