La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que el Gobierno envió al Congreso nació bajo el impacto de la disputa por las Islas Malvinas y el avance de la explotación petrolera en el Atlántico Sur, pero el texto definitivo terminó convertido en una reforma mucho más amplia del sistema de seguridad y defensa argentino.
El proyecto establece penas de hasta 20 años de prisión para determinadas actividades vinculadas con la explotación ilegal de recursos naturales; crea un Consejo de Seguridad Nacional con facultades para intervenir sobre cuestiones económicas, diplomáticas, militares y de inteligencia; incorpora un régimen de derribo; regula el empleo de la fuerza sobre embarcaciones; crea un sistema nacional para la protección de infraestructura crítica; redefine el concepto de Defensa Nacional y suma restricciones y delitos vinculados con la influencia de Estados y organizaciones extranjeras.
Ley de Defensa de la Soberanía Nacional — las 12 claves del proyecto
1. Malvinas y recursos naturales: reemplaza la Ley 26.659 y extiende la exigencia de autorización argentina a todos los recursos (no solo hidrocarburos), incluida la pesca. Alcanza también a financistas, socios y proveedores de la explotación, no solo a la empresa operadora.
2. Sanciones económicas y penales: multas de 4.000 a 500.000 barriles de petróleo, inhabilitaciones de 5 a 20 años y penas de prisión que van de 5 años (prestar servicios a la operación) hasta 20 años (explotación de hidrocarburos sin autorización). Contempla juicio en ausencia y, para empresas, suspensiones de hasta 30 años o disolución societaria.
3. Consejo de Seguridad Nacional: nuevo organismo presidido por el Presidente, con jefe de Gabinete, cancillería, Defensa, Economía, SIDE y Legal y Técnica como miembros permanentes. Coordinará política exterior, defensa, economía e inteligencia bajo una misma estrategia.
4. Herramientas económicas de emergencia: ante una amenaza grave, el Consejo podrá bloquear activos, restringir operaciones cambiarias y elevar aranceles de importación/exportación hasta un 75% contra el país involucrado, incluso antes de iniciar un sumario formal.
5. Régimen de derribo: reinstala un procedimiento escalonado (identificación, advertencia, demostración de fuerza, uso de la fuerza como último recurso) para aeronaves hostiles, similar al que rigió entre 2016 y 2023. La orden final de derribo requiere autorización expresa del Presidente, delegable en el ministro de Defensa.
6. Límites a la injerencia extranjera: prohíbe el financiamiento electoral extranjero y crea delitos de 5 a 15 años (hasta 20 en ciertos casos) por desinformación coordinada, espionaje o filtración de secretos a potencias extranjeras.
7. Nueva definición de Seguridad Nacional: integra formalmente lo diplomático, económico, cibernético, jurídico y de inteligencia, con alcance sobre el ciberespacio, alta mar y el espacio ultraterrestre, bajo conducción presidencial.
8. Redefinición de la Defensa Nacional: actualiza la Ley 23.554 para incluir amenazas "cinéticas y no cinéticas" (ciberataques, sabotajes) y habilita a las Fuerzas Armadas a proteger infraestructura crítica.
9. Infraestructura crítica: crea un régimen nacional (energía, comunicaciones, centros de datos) con una Estrategia y Plan Nacional actualizables cada cinco años; la información sensible podrá clasificarse.
10. Control de buques: crea la categoría "Buque de Interés" con un protocolo gradual (identificación, persecución, inspección, disparos de advertencia y, como última instancia, disparos para inutilizar). El hundimiento queda reservado a buques hostiles en casos extremos y requiere autorización presidencial expresa.
11. Régimen de desistimiento: permite a las empresas que abandonen actividades no autorizadas evitar sanciones penales pagando una multa o reconvirtiendo inversiones hacia actividades legales en el país; no aplica a reincidentes ni a quienes ya tengan condena firme.
12. RePET con rango legal: eleva a ley el Registro de Personas y Entidades vinculadas al terrorismo, permite inmovilizar activos con control judicial posterior y crea un delito de 5 a 15 años por apoyo material a organizaciones terroristas o de proliferación de armas.
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